Con la obligatoriedad de la etiqueta de eficiencia energética de las viviendas para su venta o alquiler desde el 1 de junio, esta semana está siendo un hervidero de informaciones contradictorias, ofertas estrella del certificado, presupuestos y rebajas.
Todo esto era de esperar por la inmediatez de la entrada en vigor de la medida y la poca organización al respecto en algunas autonomías. Además, el grupo de profesionales que puede realizar la certificación -a falta de una resolución conjunta de los ministerios de Fomento e Industria que lo aclare, tal como recoge el Real Decreto- es suficientemente extenso como para que cualquiera pueda intentar hacer una certificación de eficiencia energética. Un mes después de la publicación del Real Decreto y un mes antes de la fecha clave del 1 de junio, ya había quien avisaba de lo que se avecinaba en este campo de la certificación energética de viviendas y edificios. Luis LLamas preveía que se iba a convertir en una auténtica lucha por vender a toda costa, tirando el precio y sin importar la calidad:
"Habrá 'gente' (me niego a llamarlos 'técnicos') que tendrán un dossier con 20 ó 25 modelos precalculados, y ante un encargo buscarán el más similar, fotocopia y firma, certificado hecho sin casi ir a la vivienda. [...] Si a esto le unes que los clientes eligen el técnico más barato sin importarles la calidad del trabajo desempeñado, la tragedia está servida".
A esto se le añade el papel de las inmobiliarias, que se han encontrado con la necesidad de informar de la eficiencia de las viviendas que venden o alquilan. Ofrecen la certificación por menos de 100€, remuneración por la cual un técnico no puede realizar una buena auditoría energética que informe fielmente a los compradores de la eficiencia de la vivienda y que sugiera al actual o futuro propietario cómo mejorarla.
Cuando un profesional se dispone a hacer una certificación de eficiencia energética, debería creerse que todo esto sirve para algo más que para cumplir un trámite. Cuando un propietario buscar este servicio, debería valorar esa competencia de precios en función del servicio que se le ofrece.
Quizá, en nuestro caso, no somos los más baratos, pero sí los que le haremos ahorrar más dinero: tanto en posibles sanciones (la ley establece en su artículo 9 que la Administración hará una comprobación aleatoria de los certificados expedidos) como en consumos energéticos, que es lo central de esta medida. Escríbanos.
